Este artículo es una reseña de tres conceptos importantes que se han incorporado al terreno de la propiedad intelectual en la segunda mitad del siglo XX y que han adquirido una relevancia inusitada desde comienzos del siglo XXI.
La importancia jurídica, económica y cultural de estos conceptos ha aumentado notoriamente, en especial por los fuertes y coordinados reclamos provenientes de los pueblos del Sur, respecto del uso y apropiación indebidos de su producción intelectual.
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Biodiversidad y biotecnología
La biodiversidad es definida por la CDB (1992) como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.[3] Su protección se encuentra expresamente prevista en la mencionada convención internacional y ha sido fuertemente ratificada por el Protocolo de Nagoya (2010),[4] al cual la Argentina se ha sumado mediante la instrumentación de fuertes políticas de Estado.[5] También en 2010 la Argentina establece un régimen de acceso a los RR.GG. y distribución justa y equitativa en los beneficios y crea el Registro de Acceso a los RR.GG., en que se incorporan los trámites de solicitud de acceso, y de exportación e importación de material genético.[6]
Desde el punto de vista jurídico, este concepto genera un problema: su amplitud. Ha de aclararse que -en busca de la mayor protección posible- la CDB utiliza una definición amplísima de la biodiversidad, de modo tal que incluye la protección de la totalidad de las especies vivas y de las relaciones entre ellas. Incluso, puede incluir las relaciones entre las especies vivas y los factores abióticos que las rodean y respecto de los cuales se influyen mutuamente. Semejante amplitud conceptual pudo haber resultado, en los hechos, en un grave daño para la protección de la biodiversidad si no fuera por la concreción de políticas específicas del Estado Argentino, tales como la traducción del instrumento a lenguas originarias o el notorio incremento del diálogo intercultural fomentado desde el Poder Ejecutivo Nacional. En consecuencia, la instrumentación de un concepto jurídico que era originalmente vago, se ha tornado altamente beneficiosa.
Finalmente, el Protocolo de Nagoya establece normas obligatorias y más concretas sobre el sistema de acceso a los RR.GG. y los CC.TT., y la participación justa y equitativa en los beneficios provenientes de su utilización.[7]
Un concepto derivado de la CDB es de “biotecnología”, a la que define como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos.[8] Y posteriormente se refiere especialmente a ella como una herramienta para la investigación y promueve la participación de los países proveedores de RR.GG. especialmente en la distribución de los beneficios de tal explotación.[9] También prevé la posibilidad para los estados de limitar de su uso cuando este afecte la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.
El Protocolo de Cartagena hace mención de la llamada “biotecnología moderna” que se refiere a los organismos genéticamente modificados que puedan tener efectos adversos sobre la diversidad biológica.[10] El objeto del protocolo es asegurar el transporte transfronterizo de estos organismos.[11]
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Bioprospección
La bioprospección es una actividad conocida desde la antigüedad, que se encuentra íntimamente ligada a la historia misma de la ciencia. Además, ha sido tradicionalmente encarada por parte de investigadores provenientes de los países centrales y de las antiguas potencias coloniales en el territorio de los países considerados “periféricos”, “colonias”, “poco desarrollados”, o sencillamente “pobres”, pero que se caracterizan por presentar una enorme riqueza en biodiversidad. En muchos de ellos se han conjugado gobiernos dictatoriales, altamente permisivos de estas expediciones, comunidades indígenas o culturales sumamente desprotegidas, y ausencia de todo tipo de legislación al respecto. Todo ello refleja el origen histórico de una realidad actual: el enorme desarrollo de la bioprospección. Para comprenderla es necesario entender el contexto histórico en que se han desarrollado las principales y más famosas expediciones internacionales de bioprospección.[12]
¿Fueron prohibidas en su época las expediciones de Marco Polo, Darwin o Humboldt tomar notas o muestras en los confines del mundo conocido? Y en su caso ¿Por qué motivo? No cabe duda de que la bioprospección fue jurídicamente legítima -desde el punto de vista formal- en la medida en que contribuyó al desarrollo de la ciencia en un momento diversos momentos de la historia.[13]Lamentablemente, dichos momentos (aun distantes entre sí) coincidieron con los periodos de expansión económica de las potencias emisoras de las mencionadas expediciones científicas o de comerciales.
Finalmente, ha de decirse que desde tiempos antiguos, la búsqueda en la naturaleza de soluciones a los problemas o necesidades de alimentación, abrigo, salud y satisfacción han sido casos que fomentaron la investigación y el comercio. Pero debe quedar claramente sentado que la bioprospección no es el antecedente necesario de la biopiratería sino tan sólo uno de los varios caminos que condujeron a ella. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, la biopiratería encuentra sus antecedentes en la protección brindada a los biopiratas por los países industrializados. Estos crearon diversos sistemas de patentes, que surgen en tiempos de la revolución industrial y que llegan hasta nuestros días. Dichos sistemas favorecen claramente la búsqueda de RR.GG. y CC.TT. ajenos para su patentamiento como “bio-invenciones”.
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Biopiratería
La biopiratería es la consecuencia de lo explicado en el punto anterior. Ocurre que -como se dijo- la bioprospección ha favorecido el surgimiento de la biopiratería, oculta entre las muchas expediciones científicas emanadas de los países centrales. Con el correr del tiempo esta situación se tornó sistemática. En tal sentido se expresa Gian Carlo Delgado Ramos, quien sostiene que la biopiratería es impulsada por determinados estados nacionales y empresas transnacionales que actúan en el ámbito de los bionegocios mediante procesos sistemáticos a los que llama “saqueo biótico”.
La biopiratería es el acceso, uso, sustracción, registro, aprovechamiento y/o cualquier otro hecho ilegítimo destinado al aprovechamiento indebido de los RR.GG. y de los CC.TT. asociados a ellos. Entre nosotros es sufrida básicamente por los pueblos y comunidades indígenas de América del Sur. El principal modus operandi -en este hecho ilícito- consiste en el registro del material biológico -o de los saberes relativos a su uso- con la finalidad de crear DPI[15] -básicamente patentes- a favor de los biopiratas. De esa manera, estos adquieren derechos exclusivos y excluyentes sobre dichos recursos y conocimientos. Es un tema extremadamente complejo dado que para combatirla deben primeramente conocerse y sistematizarse los RR.GG. y los CC.TT. protegibles. En consecuencia, cuanto más amplia sea la definición de esta problemática, menor será la eficacia para combatirla. Ha de recordarse que el acceso no autorizado y/o no fundamentado previamente a los RR.GG. de los pueblos y comunidades indígenas es una violación del CDB, y del Protocolo de Nagoya.[16] De más está decir que este delito produce un daño social y cultural que es irreparable.
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Conclusión
Como conclusión puede sostenerse que -para los países del Sur- su biodiversidad constituye una riqueza enorme, a tal punto que es jurídicamente imposible limitarla a una valoración meramente económica. Esto ocurre porque se desconocen los beneficios que pueden proporcionar el conjunto de las especies existentes en el territorio y -en especial- debido al enorme número de genomas que presentan, y sus eventuales aplicaciones en distintas áreas de la ciencia, principalmente en medicina y biología.